La intervención gubernamental es cualquier acción llevada a cabo por el gobierno u otra entidad pública que afecta a la economía de mercado con el objetivo directo de tener un impacto sobre la economía, más allá de la mera regulación de contratos y provisiones de los bienes públicos.
La intervención del gobierno aboga por defender el uso de diferentes políticas económicas para compensar los defectos del sistema económico que da lugar a desequilibrios. Esto se basa en la idea de que la ley de la oferta y demanda no es suficiente para asegurar un equilibrio en la economía y la intervención del gobierno ha de ser usada para asegurar su correcto funcionamiento. Ejemplos de estas doctrinas económicas incluyen el keynesianismo y sus ramas como la nueva economía keynesiana que creen fuertemente en las políticas monetarias y fiscales, y el monetarismo que apoya fundamentalmente las políticas monetarias ya que afirman que las políticas fiscales tienen un efecto negativo en el largo plazo. Por otro lado, existen otras escuelas económicas que opinan que los gobiernos no deberían tener un papel activo en la economía, y por lo tanto su intervención debería estar limitada. Creen que la economía debería apoyarse en el principio “laissez-faire” (dejar hacer). Defensores de una intervención limitada o nula incluyen el liberalismo, la escuela austriaca y la nueva macroeconomía clásica.
Como en la mayoría de los mercados en competencia imperfecta y especialmente en los monopolios, una empresa puede ejercer un poder abusivo que se traduce en una pérdida del bienestar. En estos casos, la intervención del gobierno será apoyada tanto por los consumidores que buscan menores precios como por aquellas empresas que buscan alcanzar un segmento del mercado. Regulaciones como la fijación de precios, impuestos o subsidios pueden ser usados para restaurar y maximizar la ineficiencia inicial de los monopolios naturales.
Sin embargo, el gobierno ha de ser cauteloso a la hora de aplicar y fijar estas regulaciones ya que una implementación incorrecta puede llevar a una estructura de mercado perjudicial. Para conseguir un nivel óptimo de regulación los gobiernos debería analizar y determinar si los monopolios naturales pueden ser mantenidos al fijar un coste total menor. Si este es el caso, el gobierno tendrá que garantizar que la empresa no obtenga ingresos excesivos y que los precios se mantengan en niveles justos. En caso contrario, si los costes totales de la industria disminuyen si nuevas empresas entran en el mercado, el gobierno debería regular su entrada. Esencialmente, lo que los gobiernos deberían hacer es equilibrar el conflicto entre rentabilidad y eficiencia de la industria.